"Es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos".
La seguridad social en Venezuela está, hasta ahora, básicamente en manos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS. El IVSS, constituido como un sistema de seguros obligatorios que recibe aportes de los trabajadores, los patronos y el sector público, fue ampliando su cobertura y expandiéndose durante un largo período en que funcionó razonablemente bien. Se organiza de la siguiente manera: el sistema recibe cotizaciones mensuales y, con ellas, paga las pensiones y jubilaciones de los beneficiarios, utilizando para eso el sistema de financiamiento sobre la marcha o de "reparto", lo que significa que todo el dinero llega a un fondo común y luego es gastado según las obligaciones contraídas año a año. Con esos fondos, además, el IVSS fue generando, en su primera etapa, una red de centros de atención de salud que, si bien no logró cubrir todo el territorio nacional, al menos representó en su momento un perceptible avance con respecto a la situación anterior.
Una buena parte de lo que usualmente se considera como seguridad social ha recaído, además, directamente en las empresas. Las prestaciones sociales impuestas por la Ley del Trabajo funcionaron, durante mucho tiempo, en parte como un seguro de desempleo y en parte como un fondo de retiro individual, a cobrar por el trabajador en el momento en que cesaba la relación contractual de trabajo. Luego, en los últimos años, se fueron añadiendo otras responsabilidades a las empresas: comedores, guarderías, etc.
A mi juicio con ello se ha distorsionado aún más el verdadero concepto de seguridad social. Esta se consideró, primero, como responsabilidad casi exclusiva del Estado y luego del Estado y los empleadores. Al trabajador se lo dejó al margen, justificando la decisión en el entendido de que era la parte más débil de la relación, pero subordinándolo de hecho a un papel pasivo, como si fuera un menor de edad jurídico incapaz de actuar por sí mismo y que sólo podía expresarse muy indirectamente —a través de las politizadas y burocratizadas centrales obreras.
Pienso que la seguridad del trabajador debe ser, en primera instancia, su propia responsabilidad. La afirmación, aunque a primera vista suena un poco fuerte, se basa en consideraciones éticas y económicas que tienen, bien miradas, suficiente peso.
Lo primero que puede decirse en tal sentido es que a nadie interesa más su seguridad frente a las contingencias casi inevitables que ha de sufrir (enfermedad, envejecimiento, muerte, etc.) que al propio trabajador. No por obvia esta consideración deja de tener un valor fundamental. Si el trabajador no se hace cargo de su futuro, si de hecho éste queda en otras manos, difícilmente podemos exigirle que asuma una actitud responsable frente a su trabajo, su familia y su país. En segundo lugar, delegar en las empresas una parte cada vez mayor del bienestar social provoca que éstas distorsionen profundamente su estructura de costos y que se haga mucho más difícil la entrada al mercado de nuevos competidores, estimulando así tanto la ampliación del sector informal como la monopolización. El papel del Estado en la seguridad social, por otra parte, ha mostrado profundas limitaciones: ha sido mal administrador de fondos que no eran suyos, ha descuidado la atención de los trabajadores y ha impedido que se buscasen nuevas vías para solucionar los problemas que se han ido creando.
